02/03/2016

Corrupción y regulación (II)

Corrupción y regulación (II)

Hace dos años tuve la suerte de asistir a la IV Conferencia Anticorrupción Internacional (CAAI 2014) organizada por la Contraloría General de la República. La conferencia fue de un gran nivel y tuvo como tema central creación de redes y alianzas para la corrupción. Los expertos y autoridades, nacionales e internacionales, invitados trataron diversos mecanismos para prevenir la corrupción: vigilancia y sanciones efectivas, transparencia, concientización ciudadana, entre otros. Pese al gran nivel de la conferencia, comenté luego que extrañé propuestas referidas a la desregulación: “además de las herramientas citadas, existe otro importante mecanismo para combatir la corrupción: una regulación adecuadamente diseñada (e incluso, la desregulación, allí donde la actividad estatal no es realmente necesaria). La corrupción no se origina solamente en la deshonestidad de los funcionarios públicos y/o ciudadanos. Muchas veces tiene lugar porque “la oportunidad hace al ladrón”; es decir, normas y trámites mal diseñados que otorgan demasiada discrecionalidad a los agentes encargados de su aplicación (jueces, fiscales, burócratas, policías, etc.)”.

La semana pasada asistí a la VI Conferencia Anticorrupción Internacional (CAAI 2016), y veo con agrado que la desregulación se ha instalado definitivamente en la agenda anticorrupción. La propia Contraloría General de la República ha incluido entre sus seis ejes de la lucha anticorrupción la necesidad de realizar una “tala normativa”: “existen cerca de 600,000 normas en el Estado y cada sector emite normas vinculadas a su competencia sin articularlas entre ellas, lo cual genera espacios para la corrupción… Esta situación se acaba con una buena simplificación administrativa y una mejora regulatoria”. Todos los expertos internacionales (profesores de Harvard y Boston University, el ex Contralor de Chile, un funcionario de la agencia de control estadounidense, entre otros) y al menos 15 de los 18 candidatos presidenciales que expusieron sus diagnósticos sobre la corrupción y propuestas para combatirla hicieron referencia, con mayor o menor énfasis, a la existencia de una “maraña legal” que genera espacios para una excesiva discrecionalidad y, por ende, para el abuso y la corrupción.

Si simplificamos y desregulamos, los ciudadanos tendremos más certeza sobre cuáles son nuestros derechos y qué nos puede o no exigir el funcionario al otro lado de la ventanilla. Cuando hay muchas normas y reglamentos, sin embargo, no es fácil (incluso para el entrenado en leyes) determinar qué normas están vigentes, qué norma prima sobre otra, qué requisitos aplican para cada trámite. Y cuando no es la oscuridad de la norma, es el mal diseño el que otorga demasiada discrecionalidad al funcionario. Esa excesiva discrecionalidad es precisamente la que da espacio para los abusos de poder y la corrupción.

Por supuesto, la desregulación no es una bala de plata. Otras reformas (predominantemente institucionales) son necesarias. Pero sería un buen comienzo por lo menos tener claros nuestros deberes y derechos.

Por: Mario Zúñiga

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